Resiliencia, soberanía y autonomía alimentaria en días de posconflicto y epidemia: el campesinado en Colombia
Por Ana Prada, 3Colibrís
En su libro “Colapso”, Jared Diamond hace un análisis de por qué determinadas sociedades perduran y otras desaparecen y explica el declive de algunas, como la maya y de la Isla de Pascua, producto de su mal manejo de la naturaleza. Efectivamente, la manera como las sociedades gestionan sus recursos naturales define en gran medida su devenir. La abundancia de recursos y la adaptación al cambio climático, junto a las decisiones correctas por parte de sus líderes, son algunos de los factores que pueden llevar a una sociedad a prolongar su existencia en el tiempo. Por el contrario, el abuso de los recursos ambientales y las formas de producción agrícolas basadas en la explotación indiscriminada de la naturaleza pueden llevar a una sociedad al colapso.
Los conflictos socioambientales no son una cuestión ajena a la realidad colombiana: la desigual distribución de la tierra y el territorio dan génesis al conflicto armado colombiano. Los conflictos socioambientales en Colombia se remontan a la época de la conquista española, pero suele situarse el detonante del conflicto armado colombiano al año 1948, con el asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán, que parecía ser un oasis en el desierto para un país polarizado entre pobreza extrema y riqueza, en una sociedad gobernada por conservadores y terratenientes. Así, nació uno de los conflictos armados de mayor duración de la historia mundial reciente. Recién en 2016 fueron firmados los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Inicialmente, las guerrillas estaban movidas por ideales políticos, más adelante, hacia finales de la década de los setenta, con la llegada y posterior consolidación del narcotráfico, el conflicto se degradó hasta convertirse en un negocio, en una búsqueda de concentración de la tierra y el territorio por parte de diversos bandos que dejaban en el medio a gran perdedor: El campesinado colombiano.
A pesar de vivir en la marginación política, la subvaloración cultural y la exclusión económica, con mayores dificultades de acceder a la tierra que cualquier otro grupo social en el país, los campesinos y campesinas, que representan al 30% de la población total del país se las arreglan para abastecer el 70% de los alimentos que se consumen en el país. Además, nos recuerdan a quienes vivimos en urbes el valioso sentido del arraigo a la tierra y al territorio para dar sustento a nuestras raíces e identidad.
La agricultura campesina nos ha enseñado a los colombianos sobre la resiliencia y la innovación: en menos de una hectárea las familias campesinas logran alimentarse[1], ofrecer excedentes para comercializar y desarrollar saberes sobre el funcionamiento de los suelos y ecosistemas tan diversos que existen en Colombia, a través, del ensayo y error. Son resilientes también, porque a pesar de ser en gran medida víctimas del desplazamiento por el conflicto armado, han sido los campesinos quienes han abierto la frontera agrícola en el país y reiniciado su vida desde cero en la nación con mayor desplazamiento interno en el mundo, más aún que Siria.
En las cadenas de valor de la industria del narcotráfico, el campesino se ha convertido en el primer eslabón. Como tal, es el más vulnerable en una cadena caracterizada por el predominio de actividades que no dejan a Colombia más que cargas sociales: justifican la concentración de la tierra, la tenencia ociosa, frenan la productividad y ponen en riesgo la soberanía y autonomía alimentaria nacional.
En los Acuerdos de Paz se reconoce a los campesinos como víctimas del conflicto armado, se ha diseñado un marco político pensado para reducir las brechas entre campo y ciudad, ofrecer garantías de participación política y económica del campesinado en el porvenir de sus territorios. En los puntos 1 y 4 de los Acuerdos de Paz, de Reforma Rural Integral[2] y de Solución Integral al Problema de las Drogas[3], respectivamente, se crearon múltiples instrumentos políticos y legales como el fondo de tierras para la Reforma Rural Integral, el catastro multipropósito, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y Planes Naciones Integrales para la Sustitución, entre otros. Si bien la implementación de estos instrumentos políticos y legales ha sido lenta, se han convertido en novedosas herramientas para repensar al campesinado como actor estratégico en la planeación territorial para la construcción de paz, la conservación de los territorios y la garantía de la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria.
En 2013 tuvo lugar en Colombia un Paro Nacional Agrario, que tuvo la adhesión de las principales organizaciones campesinas, así como de trabajadores de otras áreas, que con el correr de los días logró captar el reconocimiento de la ciudadanía. A partir de entonces, los colombianos que vivimos en las ciudades hemos dado muestras de creciente empatía hacia el movimiento campesino, reconociendo a los productores de los alimentos que a diario llegan a nuestros hogares, así como la necesidad de repensar las ciudades, de reterritorializar las urbes para frenar la creciente tendencia de desiertos alimentarios, que ponen en riesgo el derecho a la alimentación, especialmente de los más vulnerables. Estas reflexiones han tenido aún mayor resonancia en el marco de la crisis COVID-19.
En un país cuyos gobernantes han carecido de gallardía para garantizar el derecho a la alimentación de sus ciudadanos y el cuidado de su rica diversidad biocultural, sucumbiendo ante los ruidos de la globalización y la promesa incumplida de progreso en el corto plazo a costa de los recursos que nos dan vida hemos sido testigo en estos días de epidemia de dos fenómenos que son la cara de una misma moneda.
Por un lado, vemos citadinos que cada vez demandan más alimentos sanos, locales y sustentables, más dispuestos a consumir alimentos provenientes de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. En la otra cara de la moneda, encontramos que los productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria siguen enfrentándose a los tradicionales retos de la Colombia agrícola: la pésima infraestructura vial y de telecomunicaciones, la persistencia del conflicto armado, el asesinato de líderes sociales, insuficiente sistema de salud que incrementa el riesgo de contagio y pérdida de vidas por causa de la epidemia, especulación de precios, asimetría de información, entre tantos otros retos a los que se enfrenta la agricultura campesina en Colombia.
A pesar de estos desafíos, existen razones para tener esperanza, como la creación y fortalecimiento de redes de colaboración entre los territorios, la construcción de relaciones de proximidad entre productores y consumidores, la posibilidad de que se retomen los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Ejército Nacional de Liberación (ELN), el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para facilitar la distribución de alimentos y la consolidación de mercados campesinos y/o agroecológicos como alternativas viables y seguras de abastecimiento, aún en tiempos de epidemia.
Es posible que el lector se esté preguntando ¿Cómo puedo poner mi granito de arena?, es muy sencillo, ¡Compre local! ¡Compre de la agricultura campesina, familiar y comunitaria!, vuelva al mercado campesino, vaya al encuentro con el productor así le da un voto de confianza para que permanezca en el territorio alimentando de esperanza al país.
En 3colibrís con gusto le contamos dónde puede encontrar alimentos de origen campesino, locales y con una historia que contar. La Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) lidera a nivel nacional la campaña “Llevo el campo colombiano” que busca visibilizar los mercados campesinos que existen en todo el país.
Vaya y coma alimentos de temporada, la uchuva, la curuba, la ciruela, la pera, dese esos gustos propios de estas latitudes, porque apoyar al campesino es depositar un voto de confianza en la construcción de paz en Colombia.
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Sobre 3Colibrís
Somos una organización y medio de comunicación que contribuye al fortalecimiento en comercialización y logística de productos provenientes de la agricultura campesina, familiar y comunitaria y/o agroecológica en Latinoamérica. Trabajamos para la construcción de un campo sustentable y conectado con la ciudad en Colombia y Latinoamérica, buscamos e involucramos a productores de alimentos y productos agroecológicos, por lo tanto, saludables, para facilitar el acceso de los consumidores. Visitamos y acompañamos a productores de alimentos, para mejorar sus canales de comercialización y asegurarnos que trabajamos con organizaciones éticas y responsables.
Sobre Ana Prada
Administradora de empresas y socióloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, Becaria del Entrenamiento Internacional en Diálogo y Mediación de la Universidad de Uppsala y el Curso Internacional de Sistemas Alimentarios de la Universidad de Wageningen. Fundadora del medio de comunicación 3colibris, trabajó para Caritas Colombiana en relación con la implementación del “artículo uno” de los Acuerdos de Paz. Ha trabajado en proyectos para PNUD, UNFAO, UE y la Fundación Suyusama.
[1]La mayoría de las unidades productivas campesinas suelen vivir en predios que no superan la hectárea, excepto en el piedemonte amazónico, donde las unidades productivas suelen superar las 20 hectáreas.
[2] En el punto de Reforma Rural Integral, se abordan temas claves para la SSAA, se plantea: El Catastro Multipropósito, para conocer cuáles han sido los usos históricos de un predio y contrastarlo con su vocación real para facilitar el ordenamiento territorial. La creación de un fondo de tierras que busca redistribuir predios extintos a narcotraficantes, grupos guerrilleros y baldíos con víctimas del conflicto armado. La creación de un sistema tributario equitativo que castigue la concentración de tierra y la tenencia ociosa. El apoyo a proyectos productivos de excombatientes. El diseño e implementación de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), del que dos de sus pilares están relacionados con soberanía alimentaria (Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo; Reactivación económica y producción agropecuaria) y uno aborda directamente el derecho a la alimentación, el pilar 7 de “Derecho a la alimentación”.
[3] el punto 4 de Solución al Problema de Drogas, con su estrategia insignia el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), tema que le ha costado la vida a cientos de líderes sociales por defender y promover la sustitución voluntaria en sus comunidades, el PNIS busca ofrecer alternativas a la producción de cultivos de uso ilícito a través del desarrollo de proyectos productivos familiares y comunitarios. Existe algo esperanzador en este asunto, a pesar de que una de las mayores críticas que se le han realizado el Gobierno Nacional en este punto ha sido la falta de voluntad política para dar garantías económicas y de seguridad a las comunidades que se acojan al PNIS, es que en este punto de los acuerdos se reconoce que el narcotráfico trae afectaciones negativas a los territorios, pesa que las economías de cultivos de uso ilícito se ha convertido en una alternativa para que las familias campesinas no sucumban ante la pobreza estructural y la ausencia de la presencia legítima del Estado colombiano, asimismo, se reconoce que resolver el problema de la producción y consumo de drogas es uno de los factores determinantes para consolidar una paz estable y duradera.