México necesita una política alimentaria fuerte: a dos años, la Ley de Alimentación sigue sin Reglamento
Más de treinta años de neoliberalismo y del modelo de Revolución verde en el país han provocado el empobrecimiento, abandono del campo, así como una creciente dependencia alimentaria que favoreció la importación de productos y redujo la política alimentaria nacional a políticas asistencialistas y clientelares con fines electorales este modelo también implicó el desmantelamiento de derechos sociales conquistados por campesinas y campesinos en la Revolución mexicana, así como graves daños al medio ambiente y a la salud de las personas debido al uso extensivo de agrotóxicos, privilegiando procesos de “acumulación por despojo” y la mercantilización de la vida.
No obstante, en México también se ha mantenido una resistencia firme, tanto individual como colectiva, encabezada por pueblos originarios, luchas campesinas y la defensa del territorio, organizaciones de la sociedad civil, frentes sociales y actores políticos de base popular, que han impulsado una agenda de transformación orientada a la conquista de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales en nuestro país.
Estas luchas han logrado conquistas históricas muy importantes, como las reformas a los artículos 4 y 27 constitucionales, en materia del derecho a la alimentación adecuada, la soberanía alimentaria, la protección biocultural de nuestro maíz nativo, entre otros avances fundamentales para la conformación de sistemas agroalimentarios más sanos, justos, sostenibles e inclusivos.
Desde las organizaciones sociales firmantes que hemos participado en estos procesos, reconocemos que con el arribo de un gobierno popular en el sexenio pasado comenzó una transformación hacia un modelo productivo con enfoques agroecológicos incorporando a comunidades de producción de pequeña y mediana escala. Asimismo, gracias al esfuerzo conjunto de parlamentarios, organizaciones sociales y sectores académicos comprometidos con la sociedad y Gobierno, fue posible aprobar reformas tan importantes como la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, etiquetado frontal, y la regulación de entornos escolares saludables, entre otras.
Por ello, reafirmamos que todos estos cambios, han marcado la pauta hacia una transformación del paradigma agroalimentario, como lo ha sido particularmente la publicación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible que, constituye una de las legislaciones más avanzadas del mundo en la protección del derecho a la alimentación adecuada, la autosuficiencia, la soberanía, la sostenibilidad alimentarias, la generación de entornos alimentarios que propician el consumo informado de alimentos saludables y nutritivos, además consolida mecanismos de participación social en la generación de políticas públicas.
No obstante, a dos años de la publicación de la Ley, seguimos sin Reglamento representando una grave omisión legal por parte del Poder Ejecutivo, lo que impide su adecuada implementación y retrasa la consolidación de una política nacional alimentaria capaz de responder a los desafíos actuales del país y exigencias mundiales en la materia en las que el Estado mexicano se ha comprometido.
Hoy el Gobierno de México, encabezado por la presidenta la Dra. Claudia Sheinbaum junto con las y los funcionarios responsables de las secretarías involucradas en su implementación, tienen la oportunidad histórica de dar un paso decisivo hacia una verdadera transformación alimentaria y empezar a revertir los efectos de la dependencia alimentaria, así como la pandemia de obesidad y desnutrición que prevalecen en México y, fortalecer la soberanía alimentaria al dar pasos más firmes, con la publicación del Reglamento de la Ley General de la Alimentación Adecuada. Para ello, es fundamental la consolidación del Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (SINSAMAC) instancia intersectorial, que incluye a los tres órdenes de gobierno, la ciudadanía y los comités de alimentación, para promover políticas orientadas a respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación adecuada y sostenible.
Ante el actual contexto geopolítico mundial, México necesita fortalecer su soberanía alimentaria, con una perspectiva más amplia y estratégica que articule a una política nacional alimentaria de calidad, autosuficiente, transformadora, que fortalezca un enfoque transversal, con perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos, de largo alcance, que trascienda el olvido y el despojo y permita superar una historia de abandono del campo de un régimen asistencialista y avanzar a un modelo que reconozca el papel de los sujetos sociales en la protección de los bienes comunes y la gestión de territorios, la biodiversidad, así como las políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo a la alimentación.