Cierre del caso Monsanto es un triunfo de México a favor de la vida, la salud y la soberanía alimentaria
- El martes pasado, Semillas y Agroproductos Monsanto, y Monsanto Comercial, ratificaron su desistimiento en el juicio de amparo interpuesto contra el decreto presidencial de 2020
- Conahcyt presentó más de 250 pruebas que sustentan jurídica y científicamente las medidas de México para la restricción del glifosato y del maíz transgénico
- En los juicios contra el decreto de 2023, a la fecha vigente, Conahcyt ha expuesto cerca de 450 documentales y sendos informes justificados, en defensa de las medidas de México
Con el desistimiento de la demanda que la empresa trasnacional Monsanto Company mantuvo hasta el pasado martes 25 de abril en contra del decreto presidencial de 2020 —que busca prescindir del glifosato y el maíz transgénico para consumo humano—, México obtuvo un triunfo en una batalla jurídica en la que prevaleció la razón a favor de la vida, la salud, la naturaleza, la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria.
En este contexto, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador reitera su compromiso de seguir avanzando con firmeza en el cumplimiento del decreto y en cabal coordinación con el resto de las instancias de la Administración Pública Federal (APF), hasta conseguir que los maíces transgénicos y el glifosato queden fuera de los alimentos de las familias mexicanas.
Cabe recordar que la publicación del decreto presidencial para la restricción del glifosato y el maíz transgénico, devino en una avalancha de demandas de amparo promovidas por diversas empresas dedicadas a la comercialización de agrotóxicos u otros insumos agropecuarios, como granos y semillas, y organizaciones (como Proccyt, A. C. y el Consejo Nacional Agropecuario, A. C.) que representan a esas mismas empresas o a productores convencionales, en favor de los intereses de compañías trasnacionales y gigantes del oligopolio de la agricultura industrial.
Se trata de más de 30 juicios de amparo, a través de los cuales buscaban que el decreto fuera declarado inconstitucional y quedara sin efectos. Sin embargo, la gran mayoría de esos juicios están ya concluidos con resoluciones que no favorecieron a las empresas y asociaciones civiles.